Crisis del Petróleo. Aspirinas e Incoherencias

Sin duda alguna, el alza de precios del petróleo, muestra sus efectos en todas las economías del mundo y, por supuesto, en la nuestra. Esta alza de los valores del crudo se refleja fuertemente en los costos de los productos y servicios derivados directamente (combustible, abastecimiento energético y transporte) como asimismo del precio de aquellos que en fuerte proporción dependen de esos servicios (agricultura, ganadería).

El gobierno chileno se encuentra estudiando la forma de paliar los efectos de esta alza a través de un incremento del Fondo de Estabilización del Precio del Combustible (FEPC) para que, a través de él, pueda mantenerse los precios a público en un rango razonable. Otra opción que se baraja es la reducción o eliminación del impuesto específico al combustible, gravamen establecido en 1985 para recaudación de fondos para recuperación de carreteras destruidas, como efecto del terremoto de 1985.

Este es el marco noticioso que, en lo medular, nos han entregado nuestros medios de comunicación social durante la última semana. En realidad, a informar de cuáles serían las ventajas o desventajas de los remedios paliativos que puede tomar nuestro país para mejorar una enfermedad más seria: la dependencia de la así llamada “matriz energética”.

Y es que pareciera más “políticamente correcto” orientar a la opinión pública hacia esta discusión que a mostrarle la seriedad y complejidad de la situación:

1.- Es tal la varianza que el precio del petróleo ha mostrado el último tiempo que la cifra que debería entregarse al FEPC debería ser millonaria. Mientras Transantiago tenga los subsidios con que cuenta, las variaciones de costos del rubro Transporte no afectarán directamente a una gran cantidad de ciudadanos, como sí sucedería con los sectores medios y altos (y las empresas). Y cualquier inyección al FEPC no garantiza que alcance para las previsibles futuras alzas del crudo.

2.- La eliminación del impuesto adicional favorecería sólo al ciudadano motorizado ya que para el industrial, este impuesto es recuperable.

Esto en el plano interno.

En lo externo debe considerarse que el petróleo es un bien escaso. Y si se aplican las frías reglas del liberalismo, las de oferta y demanda, es entendible que aumenten de precio. Las principales economías consumidoras emergentes (China, Rusia, India, Corea del Sur, entre las 10 más importantes), sedientas del líquido negro, presionan y concentran su distribución, provocando con ello un mayor precio, que favorece a los “dueños” del crudo (Arabia Saudita, Rusia, EEUU, Irán, entre otras).

A más de escaso, limitado. Fuentes periodísticas indican que la reserva de petróleo alcanzaría para los próximos 60 años. Desde el punto de vista histórico, para nada.

En esa perspectiva, las economías y gobiernos deberían estar discutiendo como reemplazar en el mediano plazo la dependencia de esta fuente energética. Y de paso, como garantizar que ese desarrollo de nuevos orígenes de combustibles y de energía, se logran en una perspectiva de respeto al medioambiente y a su preservación en el mediano y largo plazo. Quizás fuese importante escuchar a “esos que se oponen a todo” y lograr un plan de desarrollo que impulse las fuentes de energía alternativa con preocupación por el entorno en que pueden desarrollarse.

Hoy el gobierno anunció la inyección de US $ 1.000 millones al FEPC como medida paliativa ante las alzas del petróleo, como asimismo llamó a impulsar el desarrollo de recursos energéticos propios y para ello, fortalecer su exploración y explotación, además de potenciar el uso de biocombustibles.

Lo primero es una medida “parche”, que no garantiza que haya que hacerla de nuevo en algún momento. Es de esperar que la segunda parte del párrafo anterior se transforme en realidad y no sea sólo una declaración de buena voluntad, pacificadora de ánimos.

Un par de reflexiones finales.

El polémico subsidio al Transantiago, que favorece a las capas de menos recursos, a los ciudadanos de a pié, suscitó semanas de discusión en el Parlamento hasta lograr su aprobación. Su monto: US $ 290 millones.

Por este subsidio a través del FEPC, de US $1.000 millones (poco menos de 3,5 Transantiagos) que favorece a los ciudadanos motorizados y particularmente a los industriales y empresarios del transporte, que amenazan con huelgas si no se soluciona el alza de precios del petróleo, como dijo el poeta Carlos Pezoa Véliz: “tras la paletada, nadie dijo nada”.

Nada curioso, en realidad. Nuestra clase empresarial, tan proclive (adicta, diría otro) a las políticas de libre mercado y a la menor ingerencia posible del Estado cuando las condiciones de intercambio le favorecen, ya que “el mercado regula”, demora un santiamén en apelar a los favores del mismo denostado órgano central para que le rescate de la situación en que se encuentra. Baste recordar las anteriores problemáticas relacionadas con el precio del dólar, la sequía, etc. Ahora, con el precio del petróleo. Alguien tiene que defenderlos. Hoy, nuestra presidenta parece que vestía de rojo.